La Comisión de Constitución del Congreso emitió un informe que concluye que la Contraloría General de la República no tiene competencia para sancionar a legisladores que hayan omitido información o incluyan datos falsos en sus declaraciones juradas, a pesar de que se encuentran obligados a presentarlas.El documento lleva la firma del presidente del citado grupo de trabajo, el parlamentario Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular). Precisa que, según las normas vigentes, "la determinación de infracciones y la eventual aplicación de sanciones en estos casos debe regirse por lo que establezca el Reglamento del Congreso de la República, en ejercicio de su autonomía constitucional".