En Pataz, donde rige el estado de emergencia desde hace meses, 13 trabajadores fueron secuestrados y asesinados por bandas criminales. En un país normal, esta masacre bastaría para generar indignación colectiva entre las autoridades y una respuesta coherente y, sobre todo, planificada. En el Perú de hoy, solo se suma a la larga lista de tragedias gestionadas con desidia.Desde el año pasado, el Gobierno ha emitido más de diez decretos para ampliar el estado de emergencia, destinados "supuestamente" a restablecer el orden en esta convulsionada provincia de La Libertad. Nada ha mejorado. La minería ilegal opera con total impunidad. La violencia escala. Y el Ejecutivo responde con la misma fórmula: más decretos, más discursos vacíos. Ahora, tras la masacre, anuncia dos medidas que suenan igual de ineficaces: toque de queda y suspensión de actividades mineras.La respuesta del primer ministro Gustavo Adrianzén ha sido especialmente bochornosa. Cuando se conoció el secuestro, lo puso en duda públicamente. Dijo que no era información confirmada. Esa insensibilidad es reveladora: no solo minimizó una tragedia en curso, sino que mostró la distancia del Ejecutivo respecto a la realidad en zonas tomadas por el crimen. Hoy intenta justificar sus palabras, pero suena más a excusa que a explicación. Como las "acciones" que este Gobierno dice haber emprendido desde hace meses, y que no han generado ningún impacto real.
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