El Ejecutivo ha señalado que no tiene en su agenda de corto plazo una nueva reducción arancelaria. Sin embargo, preocupa a especialistas en temas tributarios que las próximas medidas en este sentido mantengan el matiz proteccionista que sólo beneficia a ciertos sectores de la actividad productiva, dejando de lado al consumidor final. Para el Instituto Peruano de Economía (IPE), las últimas reducciones de aranceles tienen claras implicancias proteccionistas. "El Ejecutivo discriminó entre bienes de capital producidos y no producidos en el país con el propósito de otorgar protección a unos cuantos industriales". Al respecto, el IPE indicó que si se considera los costos anuales de la rebaja arancelaria en función del valor de la importación promedio mensual de enero a octubre del 2006, reducir a 0% a todos los bienes de capital pudo costar US$231 millones al fisco. Pero como se optó por reducir a 0% todos los bienes que tenían 4% y los pocos que tenían 12%, el impacto que tendrá en los ingresos del Estado sería de US$144 millones. Además de las 2,894 partidas rebajadas, sólo se importa 2,558 de éstas.