Por Martín Tanaka, profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP.Empezamos esta semana con la terrible noticia del asesinato de 13 trabajadores contratistas de la minera Poderosa, secuestrados el 26 de abril pasado. Como se ha recordado, ya van 39 trabajadores asesinados en Pataz por organizaciones criminales.Este caso desnuda cruelmente las falencias del Estado y de las políticas de combate a la criminalidad organizada de este gobierno. En primer lugar, llama la atención el atrevimiento de los criminales, capaces de perpetrar una masacre de este tipo, en pleno Estado de emergencia, sabiendo que despertará la indignación del país y al menos un intento de respuesta del gobierno. Parecen estar muy seguros de poder actual con total impunidad, y actúan de manera desafiante.También llama la atención la clamorosa ineficacia del Estado, dadas las características del enemigo que se tiene al frente. A estas alturas, la explotación ilegal del oro genera utilidades que parecen superar incluso a las del narcotráfico. El problema es muy grande como para que pase desapercibido, y además tiene una especial concentración en algunas provincias de Cajamarca y La Libertad, como Pataz. Dada su naturaleza, se trata de una actividad bastante visible, a lo largo de toda la cadena de su actividad: el mineral se extrae de bocaminas que la minera Poderosa afirma que están plenamente identificadas y georreferenciadas. Operarlas requiere movilizar grandes cantidades de explosivos y otros insumos, manejar polvorines, así como maquinaria pesada, que implican niveles de financiamiento importantes, que dejan rastros detectables.