Antes que tranquilizar a la ciudadanía, el mensaje y las medidas que ofrecieron ayer la presidenta Boluarte y sus ministros como respuesta al asesinato a sangre fría de 13 mineros en Pataz han de haberla alarmado en extremo. Lo decimos porque discurso y anuncios no han hecho sino confirmar la desorientación que impera en el Ejecutivo sobre cómo encarar la gravísima situación de violencia y criminalidad que se vive hoy en el país. El toque de queda y la suspensión de la actividad minera en el lugar hasta que se instale allí una base militar permanente como las que existen en el Vraem se parecen a todas las otras medidas de aspecto severo que se han puesto en los últimos meses en vigor como supuesto remedio al desborde delictivo en el territorio nacional. Y como ellas, también, es probable que fracasen.