Los recientes asesinatos de trece trabajadores mineros en Pataz, región La Libertad, no son un episodio aislado. Son la confirmación brutal de una realidad que muchos prefieren ignorar: Pataz es hoy un territorio liberado, secuestrado por organizaciones criminales que actúan impunemente, ante la inacción o incapacidad del Estado.La narrativa oficial insiste en llamarlos "mineros ilegales". Pero lo que ocurre en Pataz ya no es minería informal, ni siquiera ilegal: es crimen organizado puro y duro, armado, violento, con estructuras jerárquicas y redes de corrupción que protegen sus operaciones. A las cosas hay que llamarlas por su nombre: no son mineros, son delincuentes, sicarios, mafias criminales que usan la fachada minera para encubrir su negocio principal: la muerte, la extorsión y el dominio territorial.¿Cómo hemos llegado a este punto? Las cifras lo dicen todo: 39 muertos en los últimos años entre trabajadores, mineros artesanales y colaboradores de empresas formales. Un estado de emergencia que no ha servido para nada, una policía desbordada y superada, y una autoridad civil incapaz de recuperar el control. La impunidad campea. La violencia se normaliza. El miedo es ley.