En cualquier país, lo que sucedió en Pataz (La Libertad) debería ser motivo de trauma colectivo, luto nacional, profunda introspección y cambios radicales en la política de seguridad nacional. Si el hartazgo ciudadano con la pasividad e inoperancia del Gobierno con la criminalidad no había llegado ya a un punto de inflexión, el asesinato de 13 trabajadores a sangre fría como resultado de un secuestro debería ser motivo suficiente. De acuerdo con la minera Poderosa, empresa que mantenía un contrato de explotación con el minero artesanal cuyos trabajadores fueron ejecutados, con este último atentado suman ya 39 personas asesinadas por los criminales que se han apoderado de esa zona del país. Varios de ellos fallecieron en ataques durante el estado de emergencia vigente, como muestra de su nula efectividad.