Por Rafael Belaunde Llosa.Criminales asesinan a 13 trabajadores de un minero artesanal con contrato de explotación con la minera Poderosa. Otra banda de delincuentes toma por asalto la planta de procesamiento de Aracoto, de Minera Caraveli: rehenes, policías heridos y fallecidos. Esto en pleno estado de emergencia en la provincia de Pataz. En tanto, en Lima, el sicariato y la extorsión actúan con impunidad, envalentonados por un Gobierno inútil y una clase política decadente. Las economías ilegales y las organizaciones criminales van tomando, poco a poco, el dominio del territorio y obteniendo zonas ‘liberadas’ ante la inoperancia del Estado, algo que no se vivía desde las épocas más oscuras de la guerra contra el terrorismo. Tomar acción decidida, con todo el rigor y fuerza que la ley permite, es urgente. La pena de muerte, tantas veces mencionada ligera y políticamente, en nada va a contribuir a resolver la criminalidad en el Perú, pues se trata de un castigo, es decir, se aplica al que ya asesinó, al que ya violó, ya extorsionó, etcétera. Convertir el debate de la pena de muerte en parte del debate contra el crimen en el Perú es desviar tiempo y energías del esfuerzo central: impedir que estos delitos ocurran. La guerra contra el crimen es un esfuerzo que debe ser liderado por el presidente de la República. Bajo su liderazgo, se debe constituir una mesa de trabajo con miembros de la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, representantes de las empresas de telefonía, de los bancos y representantes de Meta (la mayoría de las llamadas extorsivas se realizan por WhatsApp).
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