Desde el pasado 22 de abril entró en vigencia la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (N° 32069), la cual fue aprobada por el Congreso "por amplia mayoría" por un punto en específico: sus familiares ya podrán licitar con el Estado. La norma también se extiende en favor de parientes de funcionarios de diversas entidades.La anterior Ley de Contrataciones del Estado establecía en su artículo 11 que ningún familiar del presidente, vicepresidentes, congresistas, jueces supremos, ministros y viceministros, gobernadores, alcaldes y titulares de instituciones u organismos públicos podía participar en una licitación con el Estado. Sin embargo, tras una férrea defensa en el Congreso -con 90 votos, 11 en contra y seis abstenciones- se promovió una ley que, en su artículo 30, flexibiliza los criterios para recibir postores.Willy Pedreschi, socio de Miranda & Amado, indica que la nueva ley ha levantado los candados para los parientes más cercanos de los funcionarios -cónyuges, padres, hijos, hermanos hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad- ya que ahora "la restricción solo aplica únicamente en el ámbito de competencia institucional, no solo para el Congreso sino también, ministros, viceministros o autoridades territoriales".
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