Como El Comercio ha informado recientemente, las denuncias a partidos políticos sin su consentimiento han empezado a multiplicarse en las redes. Es evidente que cada una de esas denuncias tiene que ser contrastada con la realidad antes de sacar conclusiones definitivas, pero las dimensiones del reclamo sugieren que estamos ante un auténtico problema cuyas consecuencias podrían enturbiar los futuros procesos electorales, empezando por las elecciones generales, así como las regionales y locales que se celebrarán en nuestro país el próximo año. Como se sabe, contar con más de 25.000 afiliados es una de las exigencias legales que existen actualmente para que los partidos políticos puedan inscribirse como tales en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que las afiliaciones fraguadas equivaldrían a las firmas falsas que en el pasado signaron el destino de tantas organizaciones de ese tipo.