Hay muchas formas de injusticia. La más obvia son los fallos erróneos: inocentes condenados y culpables exculpados. Pero la justicia tiene también una dimensión temporal. Sentencias que llegan con demasiado retraso pierden a través de los años su sentido de resarcimiento, de disuasión y de penalidad. Eso es exactamente lo que viene sucediendo con el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Como se recuerda, la política confesó haber recibido dinero de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas del 2013 (en contra de su revocatoria) y del 2014 (para su reelección). Las compañías, emblemáticas del megacaso de corrupción Lava Jato, tenían contratos con la Municipalidad de Lima en el momento de la entrega de dinero, y por ello Villarán -junto con decenas de coimputados- enfrenta acusaciones por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.