A partir de este martes 22 de abril, el actual Congreso de la República habrá consumado uno de los golpes a la meritocracia y la lucha contra el nepotismo más grandes de los últimos años. Perú21 accedió y corroboró información que corresponde al inicio de pesquisas por parte de la Policía Nacional en torno a una presunta red delictiva que habría operado bajo el liderazgo del expresidente Pedro Castillo y que incluye a diversos legisladores que habrían beneficiado a sus familiares para que, desde que ellos llegaran al poder, consiguieran millonarios contratos con el Estado.Fuentes de la Policía describieron a este diario la existencia de una estructura piramidal compuesta por varios niveles: en la cima, Castillo con ayuda del líder del partido que lo llevó a Palacio, Vladimir Cerrón; en un segundo nivel, asesores clave y familiares del presidente; en el tercero, congresistas de izquierda que llegaron al Legislativo en el partido del lápiz; y en la base, familiares que resultaron beneficiados con contratos estatales. Las instituciones captadas por esta red habrían sido ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y programas sociales, según se pudo revisar.Uno de los más contundentes hallazgos de las pesquisas policiales es la vinculación de diez congresistas con contratos obtenidos por sus familiares directos con diversas entidades del Estado, los cuales fueron recabados por este diario del portal de contrataciones públicas. Los legisladores involucrados son Waldemar Cerrón, María Taipe, Paul Gutiérrez, Américo Gonza, Janet Rivas, Flavio Cruz Mamani, Óscar Zea, Lucinda Vásquez, Francis Paredes y Nieves Limachi. De estos, solo cuatro siguen en Perú Libre.(Edición domingo).