Por: Arturo Vásquez Cordano, socio de GERENS Consultoría y ex viceministro de Energía.El Congreso ha aprobado en primera votación un proyecto de ley que propone duplicar la participación de utilidades para los trabajadores del sector eléctrico, elevándola del 5% al 10%. Aunque en apariencia esta medida parece un acto de justicia laboral, lo cierto es que encierra consecuencias económicas, sociales y políticas profundamente negativas para el país.Comencemos por lo evidente: esta medida beneficiaría a menos de 7 mil trabajadores del sector eléctrico, muchos de los cuales ya reciben el tope legal de 18 sueldos por utilidades, sumados a los 15 sueldos que se pagan normalmente en el Perú. Es decir, estamos ante un grupo que, en algunos casos, percibe hasta 33 sueldos anuales, una cifra impensable para el trabajador promedio.Este no es un beneficio redistributivo ni inclusivo. La mayoría de trabajadores peruanos -en PYMEs o en el sector informal- no recibe utilidades. Por tanto, incrementar la participación en este sector no mejora la equidad social; más bien, la distorsiona. El Ministerio de Trabajo ya ha emitido una opinión técnica desfavorable sobre esta medida.Además, FONAFE ha advertido que esta reforma representaría un sobrecosto anual de S/ 129 millones para las empresas eléctricas estatales. En una década, esto representará cerca de S/ 1,300 millones que podrían emplearse para electrificar zonas rurales y vulnerables. Es una pérdida grave para millones de peruanos que aún no acceden a este servicio esencial.(Edición sábado).