El Congreso aprobó, en segunda votación, una reforma que altera significativamente el régimen de extinción de dominio. Esta norma ha sido fundamental para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita, pero ahora su aplicación quedará condicionada a una sentencia penal firme, salvo en delitos específicos como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, contrabando o trata de personas.La reforma, que contó con el respaldo de 42 parlamentarios -incluyendo votos de Perú Libre y Fuerza Popular- modifica el Decreto Legislativo 1373 e introduce una serie de cambios que dificultarán la recuperación de activos vinculados a delitos como corrupción, lavado de dinero o crimen organizado, lo que afectaría los procesos contra el prófugo Vladimir Cerrón y los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, Rodolfo Orellana, entre otros. (Edición sábado).