Por Carlos E. Paredes, socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría.Hace pocos días, el Congreso de la República aprobó en primera votación el proyecto de ley que propone duplicar las utilidades que deberán repartir las empresas eléctricas (generadoras, transmisoras y distribuidoras) a los trabajadores, pasando de 5% al 10% en forma escalonada (1% por año, a partir del 2026). Esta ley incrementaría el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) de las empresas del sector eléctrico a un nivel por encima del que hoy rige en la minería (8%), la banca (5%) y en los hidrocarburos (5%). De esta forma, el Congreso incrementa arbitrariamente los costos laborales de las empresas eléctricas. Es un precedente nefasto que abre la puerta a futuras intervenciones del Parlamento en los costos de las empresas y su competitividad. ¿Por qué subirlo solo a 10% y no a 15% o 20%? Cualquier nivel es arbitrario y no tiene justificación. ¿Por qué no dejan que las remuneraciones se fijen en el mercado, sobre todo en un sector moderno, formal e intensivo en capital como el eléctrico? . Además, esta es una ley que beneficia a relativamente pocos trabajadores (menos de siete mil) en desmedro de los más de treinta millones de usuarios del servicio eléctrico. Este reducido grupo de privilegiados que gana sueldos relativamente altos y ya percibe utilidades, va a ver incrementado sus ingresos por una nueva medida populista del Congreso. ¿Quiénes pagarán los platos rotos? No serán los accionistas de estas empresas, como seguramente creen los propulsores de esta iniciativa. Estos sobrecostos laborales serán trasladados tarde o temprano -como sucede siempre en los mercados competitivos- a los precios de la electricidad. De manera que todos pagaremos en nuestros recibos de luz el afán populista de los supuestos padres y madres de la patria.
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