A propósito de la polémica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de los presos del penal Castro Castro, ha salido a la luz nuevamente el tema de las debilidades o vacíos del sistema de defensa legal del Estado, que tienen que ser subsanados a la brevedad posible.En el caso mencionado, se ha sabido recién que los nombres de las víctimas ya estaban inscritos en el monumento "El ojo que llora", lo que podría deberse también a la deficiente defensa del Estado Peruano, cuyos representantes no habrían informado a la corte sobre esto.Por supuesto que no se puede generalizar, pues ha habido y hay procuradores que han cumplido su labor con profesionalismo y responsabilidad, a veces en difíciles circunstancias, en nombre de todos los peruanos. Sin embargo, está aún por cuantificarse los enormes daños que ha causado al Estado Peruano, tanto en su prestigio como en sus arcas fiscales, un sistema poco idóneo de defensa , cuyas fallas han sido denunciadas más de una vez.Para muestra dos botones: ciertos casos que han llegado a la mencionada Corte Interamericana y han determinado que el Estado tenga que pagar enormes reparaciones que finalmente solventamos todos los ciudadanos; y otros, como el del Banco Central de Reserva y un grupo de ex trabajadores, donde a la sospechosa actuación de algunos jueces, se une la pobre actuación de ciertos procuradores.Claro que hay falta de recursos, como en muchos sectores de la administración pública, pero el problema principal parece ser la falta de voluntad de los gobiernos para fortalecer las procuradurías, dotarlas de personal altamente calificado y de un marco legal adecuado, y garantizar por todos los medios su autonomía.