Un informe de la Contraloría General de la República concluyó que la Defensoría del Pueblo, que lidera Josué Gutiérrez, contrató de manera irregular a dos funcionarios vinculados a Alianza Para el Progreso (APP). Se trata de María del Carmen Olórtegui, actual jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, y Juan José Canales Durand, exjefe de Gabinete.La Contraloría observó dos factores: la Defensoría del Pueblo los contrató "a pesar de que no se acreditó fehacientemente el cumplimiento de los requisitos para dichos cargos estructurales". Y además, señala que ambos mantuvieron su afiliación política activa a APP durante el ejercicio de sus funciones. "Lo que contraviene lo establecido sobre la neutralidad de los servicios públicos", enfatiza el documento.