Tan solo en el periodo 2021 - 2024, el Estado gastó más de S/6 millones para costear la defensa privada de funcionarios del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así lo reveló la congresista Ruth Luque, impulsora del proyecto de ley N°10642 que propone eliminar el financiamiento público para la defensa privada de los funcionarios del Estado y, en su lugar, crear una unidad especializada integrada por defensores públicos para esta labor.(Edición sábado).