Las demandas que la Municipalidad de Lima ha entablado en Estados Unidos contra Brookfield, Odebrecht y Sigma, por los contratos corruptos de Susana Villarán, han pasado a una nueva etapa.No solo porque el gobierno de Donald Trump esté investigando al estudio de abogados que patrocina a los socios de los peajes, sino porque hay casi 3,000’000000 dólares en juego por la fundadora de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL).En declaraciones a EXPRESO, el abogado de la MML, Martín de Luca, informó de las nuevas posibilidades para que el Estado peruano gane una batalla legal histórica.(Edición sábado).