El decreto del Minem también dispone que si se produce incumplimiento del plan de cierre o se abandona una unidad minera y esto causa daño real al ambiente, las sanciones administrativas y civiles no sólo recaerán sobre el titular de la actividad minera, sino de manera solidaria también sobre los directores y/o accionistas mayoritarios.Respecto a esta nueva exigencia para los cierre de minas, Valentín Paniagua, socio del Estudio Echecopar, indicó a Gestión que, si bien este cambio busca fortalecer la seguridad ambiental y asegurar recursos para la rehabilitación progresiva de áreas intervenidas por la minería, implica también un incremento de los costos financieros para las empresas del ramo.