En medio de la investigación del Caso `Cofre", y un par de meses después de la diligencia de reconstrucción que llevó a cabo la fiscalía de todo el trayecto que hizo la presidenta Dina Boluarte hacia el sur de Lima, una nueva directiva fue gestionada dentro de Palacio de Gobierno.Se trata de una normativa que excluye a los vehículos asignados al servicio oficial de la jefa del Estado, así como a los destinados a su propia familia, de una prohibición expresa que regía para toda la flota vehicular del despacho presidencial: la de no poder pernoctar fuera de las instalaciones del Ejecutivo.La modificación se empezó a gestionar -al menos documentalmente- el 19 de diciembre pasado, cuando Lessner León Espinoza, responsable del Área de Transportes, elevó un informe a la Oficina de Operaciones del despacho presidencial, al que accedió El Comercio.