Mientras las fuerzas de seguridad enfrentan erráticamente la ola delictiva que azota al país, la vida de millones de peruanos se ve cada vez más afectada, directa o indirectamente, por los hechos de violencia y el clima de amenaza que se viven en las calles.Es, además, la razón por la cual el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra a punto de enfrentar una censura en el Congreso. Pero lo que algunos se resisten a reconocer es que este crispado contexto distorsiona también las actividades económicas del país.Cuando las maniobras extorsivas recaen sobre grandes, medianas, pequeñas y microempresas, lo que tenemos es un ambiente hostil para los negocios, que termina golpeando a los 33 millones de peruanos. No es ninguna casualidad que tanto los gremios de empresarios como los de trabajadores hayan salido, más de una vez, a manifestarse en contra de la inseguridad en las principales ciudades de nuestro territorio, exigiendo garantías al Estado para poder trabajar en paz.