La reciente renuncia de José Mantilla a la presidencia de Perupetro, presuntamente a pedido del Ejecutivo, ha encendido las alarmas. Esta salida abrupta, sin una justificación clara y en medio de un proceso de adjudicación de lotes petroleros, refuerza la percepción de que el Gobierno busca imponer a un funcionario más alineado con Petroperú, en detrimento de la transparencia y la confianza empresarial.La presión política sobre Perupetro no es un asunto menor, tomando en cuenta el proceso de licitación en el que los lotes Iy VI fueron adjudicados a La Ponderosa Energy, empresa privada que ofreció mejores condiciones que Petroperú, que también participó. Sin embargo, la decisión no habría sido del agrado del Gobierno, cuya predilección por la petrolera estatal siempre se asoma. Si esta adjudicación se anula o modifica, la confianza del sector privado quedaría gravemente afectada. Se enviaría un mensaje de inseguridad jurídica que disuadiría futuras inversiones y reforzaría la percepción de que el Gobierno está dispuesto a cambiar las reglas para beneficiar a una empresa estatal con serios problemas.El riesgo de que un funcionario más afín a Petroperú tome el control de Perupetro es inminente. Se menciona a Pedro Chira, expresidente de petrolera estatal, que ya ha demostrado su postura estatista, como posible reemplazo de Mantilla. Su designación confirmaría los temores de que la institucionalidad de Perupetro ha sido socavada para favorecer intereses políticos antes que criterios técnicos.
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