Por Luis Carranza, economista.La sostenibilidad fiscal se entiende de manera sencilla como tener una deuda pública, respecto al producto, baja y predecible en el futuro. Eso es importante porque, si la deuda pasa por encima de ciertos niveles, que para países en desarrollo estaría por encima del 40%, tomando todo lo demás constante, el riesgo del país se incrementa y las tasas de interés que pagamos por las deudas del Gobierno tienden a ser mayores, lo cual, a su vez, se traslada en mayores costos financieros para bancos, empresas y consumidores en general, afectando negativamente el crecimiento en el largo plazo del país. Si la situación sigue comprometiéndose, empiezan los desórdenes en materia tributaria, poniendo impuestos no técnicos, pero que permiten recaudar fácilmente en el corto plazo, disminuyendo el gasto en infraestructura, generando distorsiones en la administración pública, recortando transferencias a ciertas entidades que luego intentan obtener recursos con multas onerosas y absurdas al sector privado, entre otras medidas que terminan afectando más el crecimiento.Cuando la deuda sobrepasa el 50% respecto al producto, ya estamos en el ojo de las clasificadoras de riesgo, y perder el grado de inversión se vuelve un riesgo latente, lo cual afecta de manera estructural la percepción de riesgo que se tiene de la economía. Finalmente, entramos a la fase del desorden fiscal, donde la percepción de no pago de la deuda es alta y el país pierde acceso a los mercados internacionales, quedando en situación vulnerable para afrontar shocks negativos, con estructuras tributarias antitécnicas y con niveles de inversión pública insuficientes. Esto se refleja en una economía con pérdida de productividad, crédito escaso y muy caro para el sector privado y, por lo tanto, con bajo crecimiento y altos niveles de pobreza. (Edición domingo).