Por Francisco Tong, socio de Rodrigo, Elías & Medrano.En los últimos meses se ha cuestionado el marco regulatorio de las concesiones mineras en el Perú, acusándolo indebidamente de propiciar el "acaparamiento" de las concesiones mineras, de dificultar la formalización minera y de incentivar la minería ilegal. Sin embargo, no solo estas acusaciones carecen de fundamento, sino que podrían encubrir un intento de incentivar precisamente la informalidad y la minería ilegal. Veamos.Para impedir dicho acaparamiento y supuestamente para propiciar la formalización minera, se han presentado proyectos legislativos que buscan reducir los plazos para que los titulares mineros desarrollen sus proyectos, obligándolos a poner en producción rápidamente sus concesiones, como si fueran máquinas productoras de minerales. De no hacerlo, podrían perder sus derechos.Recordemos que la minería no depende solo de energía e insumos. Comienza con la identificación de zonas mineralizadas, un proceso largo que incluye exploración y evaluación geológica. Luego, se evalúa la factibilidad del proyecto, la ingeniería necesaria, la seguridad, la salud y el impacto ambiental, lo que implica una inversión considerable y riesgos elevados. Tras superar estas etapas, es necesario obtener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado, asegurar financiamiento, preparar la ingeniería detallada y, finalmente, construir el proyecto. Todo esto, demanda tiempo, análisis rigurosos, más de 200 aprobaciones y lidiar con más de 30 autoridades.
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