Encuestas recientes apuntan a que la ciudadanía opina que el Congreso es uno de los principales responsables de la crisis de inseguridad ciudadana -solo por detrás de la presidenta Dina Boluarte-. La percepción no es gratuita y se basa, en parte, en la aprobación de leyes como la que el año pasado eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta, como se sabe, era una figura legal sumamente útil para que las autoridades puedan realizar arrestos en ausencia de flagrancia siempre que "existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años". De acuerdo con el Ministerio Público, personas con investigaciones por extorsión, homicidio calificado, encubrimiento, tenencia ilegal de armas, entre otros delitos, quedaron en libertad gracias a la eliminación de la detención preliminar sin flagrancia.