Tiene sentido la propuesta del ex presidente Valentín Paniagua de relanzar la Iniciativa Nacional Anticorrupción, como una manera de reiterar el compromiso que asumieron concertadamente el Gobierno, los grupos de oposición y los representantes de la sociedad civil para tal objetivo.La ocasión es especialmente oportuna. La Procuraduría Anticorrupción atraviesa por un momento crítico, luego de la salida del doctor Luis Vargas Valdivia y la renuncia de dos de sus principales adjuntos. Luego, por inexplicable indolencia judicial, varios personajes vinculados a la mafia fujimontesinista han sido excarcelados y ahora están solo bajo arresto domiciliario, lo que es una pésima señal para la ciudadanía.Adicionalmente, mientras prosiguen graves escándalos que involucran a parientes y funcionarios del entorno presidencial y del partido oficialista, se sigue extrañando una voluntad más decidida del régimen de atacar esta lacra que sigue carcomiendo el tejido ético, político y social del Estado. Por el contrario, la misma salida de Vargas Valdivia es una decisión controvertida, y se está a la espera de que el nuevo procurador, al que obviamente debe dársele un período de tregua, demuestre en la práctica su autonomía e independencia para investigar y denunciar los hechos de corrupción.Bien ha dicho el doctor Paniagua que se debe castigar no solo los delitos cometidos en el pasado, sino también crear condiciones de transparencia que hagan posible un adecuado manejo de los recursos públicos en el presente. En ello es indispensable la participación de la contraloría, pero no solo eso.Ante la gravedad del problema, los representantes de los poderes públicos -cuya credibilidad sigue venida a menos- están obligados a seguir concertando para elaborar medidas que eviten y sancionen drásticamente a los corruptos de toda laya.Paralelamente, debe crearse más vías para la fiscalización permanente de la sociedad civil de cualquier exceso o abuso con los recursos públicos. La impunidad es intolerable. El Estado está para servir a los ciudadanos y no para que unos pocos se aprovechen de él, como mal entienden algunos politiqueros o funcionarios públicos.