La semana pasada, en Apurímac, la presidenta Boluarte tuvo un exabrupto que puso en entredicho sus presuntas convicciones democráticas. "Basta de palabras discrepantes", vociferó dirigiéndose a sus críticos, en abierta ignorancia de que la discrepancia frente al poder es un derecho ciudadano y un elemento constitutivo de la democracia. Hoy, sin embargo, durante una reunión multisectorial para coordinar acciones frente a las lluvias e inundaciones, tuvo una intervención ajena al tema en la que atacó, sin mayores argumentos, al periodismo y a la fiscalía, dejando la sensación de que, más que exabruptos, lo que estamos viendo es una sistemática conducta autoritaria. A raíz del allanamiento a la casa del Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el contexto de la investigación sobre abuso de autoridad que se le sigue, la mandataria acusó, en efecto, a la "mala prensa" de "jugar en pared" con el Ministerio Público "para dar un golpe de Estado blanco (sic)". Se trata, afirmó, de un acoso político a su gobierno; y añadió que, desde el día en que Santiváñez asumió la cartera de Interior, "algunos medios de comunicación no han tenido descanso". Una frase que, hay que decirlo, de alguna manera se ajusta a la verdad.Pero porque no ha habido semana en la que el fracaso de la lucha contra el crimen no se haya hecho evidente, obligando al periodismo a dar cuenta de ello.