¿Poder hídrico? La autodenominada minería "ancestral" ha encontrado un nuevo flanco para expandir su control: el agua. No conforme con proponer operar al margen de obligaciones tributarias y laborales, ahora pretende definir quién accede a este recurso esencial en regiones mineras estratégicas.Su última jugada se oculta en su planteamiento para la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). A través de la creación de los llamados "jueces de agua", busca otorgar a ciertos actores la potestad de decidir el uso del recurso hídrico en regiones clave como Apurímac y La Libertad, donde operan gigantes como Las Bambas y Poderosa.El argumento parece sólido: la defensa de los derechos colectivos y el amparo de normativas internacionales. Pero la realidad es más turbia. No hay pruebas de que esta minería tenga raíces ancestrales ni que represente a comunidades indígenas. La ancestralidad, en este caso, parece más un escudo político que un legado legítimo.