A poco más de 13 meses de las elecciones generales 2026, y en medio de la incertidumbre y preocupación que ha generado la propuesta de cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) -con plazos que no contribuyen a evitar una dispersión del voto y repetir el escenario de 2021-, hay todavía algunos cambios que el Congreso de la República y el máximo organismo electoral podrían llevar adelante con el fin de garantizar un proceso electoral limpio, transparente y participativo. Estas modificaciones fueron entregadas ayer al presidente del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana, por un grupo de empresarios de diferentes rubros agrupados en el colectivo Peruanos de Estado.El planteamiento -suscrito por Roque Benavides (minería), Rosario Bazán (agroexportación), Ricardo Márquez y Carlos Añaños (industria), y Raúl Diez Canseco (educación)- consta de siete puntos, entre los que destaca la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones para impedir que los condenados por delitos de homicidio, genocidio, desaparición forzada, rebelión, tortura, robo agravado, secuestro, tráfico de personas, lavado de activos, minería ilegal, terrorismo, apología al terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas postulen a la presidencia o vicepresidencias de la República aun cuando hubieran sido rehabilitados. Un tema que, cabe recordar, fue debatido en su momento por el Parlamento, pero no logró el apoyo necesario
- [Perú 21,Pág. 6] /
- [El Comercio,Pág. 4] /