El endurecimiento de las penas para los policías y militares involucrados en la criminalidad, la creación de tribunales especiales con jueces y fiscales probos que dicten sentencia en un corto plazo y la construcción de cárceles mediante el mecanismo de Obras por Impuestos son algunas propuestas incluidas en un paquete legislativo en materia de seguridad ciudadana que un grupo de reconocidos empresarios ha desarrollado para que sea debatido por el Congreso. Juntos en el naciente colectivo Peruanos de Estado que participó ayer en el foro Unidos contra el Crimen: Estrategias para un Perú Seguro, organizado por el Parlamento, este quinteto de empresarios integrado por Roque Benavides, Ricardo Márquez, Raúl Diez Canseco Terry, Carlos Añaños y Rosario Bazán, plantea modificaciones y adiciones al Código Penal, enfocadas en la lucha contra el crimen organizado y delitos graves como el sicariato y la extorsión.Entre sus propuestas, precisamente, piden que las penas por estos delitos se agraven en 50% para los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que suministren armas o municiones para estos actos delictivos o estén involucrados en organizaciones criminales.