Luego de la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, se presentó en el Congreso una iniciativa que derogaría la modificación de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley N° 28976), la cual restringió la capacidad de los municipios para clausurar locales por incumplimientos de seguridad.El proyecto de ley N° 10320 permitiría restituir las facultades que tenían los municipios para clausurar establecimientos que tuvieran deficiencias de seguridad.Según indica la iniciativa, la finalidad del proyecto es no permitir autorizaciones de funcionamiento a establecimientos con fallas de seguridad, "teniendo en cuenta que la actual ley limita la capacidad de las autoridades municipales para realizar inspecciones completas".
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