Por Carlos Gallardo Torres, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).Estados Unidos se muestra preocupado por su seguridad nacional en términos de narcotráfico y crimen organizado, problemas que se han agravado en el Perú. ¿Será que un anuncio de Estados Unidos al Perú de elevarle los aranceles es lo que el Ejecutivo y el Congreso peruano necesitan para trabajar seriamente en combatir a las economías ilegales y la inseguridad? Las cifras son aterradoras:Algo peor ocurre en la minería ilegal: 46% de crecimiento en el valor exportado de oro ilegal solo en el último año, superando los US$ 7,000 millones. Una reducción de 34% en términos reales entre el 2019 y el 2024 del presupuesto del programa para la reducción de la minería ilegal, además de las sucesivas ampliaciones del fracasado registro integral de Formalización Minera - Reinfo. Y ante la vista de todos, en Madre de Dios el consumo de combustibles per cápita es cinco veces mayor al de las otras regiones amazónicas. Paradójicamente, se elevan los niveles de deforestación y delincuencia, pero según las estimaciones oficiales la extracción de oro en esa región registra una caída continua y es 17 veces menor que en el 2016. Y en el norte, en Pataz, al menos 16 torres eléctricas han quedado inhabilitadas donde la minería formal debe resistir la violencia de los mineros ilegales. El presupuesto del Ministerio del Interior se redujo 18% en términos reales entre el 2019 y el 2025, mientras el número de las denuncias por extorsión hechas a la Policía se multiplicaron por seis. Y en las cárceles, donde las organizaciones criminales continúan operando, hay una sobrepoblación de más de 57 mil reclusos. En suma, recientemente el BCR estimó que las pérdidas generadas por la criminalidad representan el 2.8% del PBI.
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