El 13 de diciembre del año pasado, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un texto que debilita el proceso de extinción de dominio, un mecanismo legal que le permite al Estado recuperar bienes que hayan sido obtenidos de manera ilícita.En resumen, la propuesta del Parlamento busca establecer que solo se puedan incautar los bienes de un investigado, siempre y cuando exista una condena firme en última instancia.De concretarse, el Estado no podría recuperar bienes de actividades ilícitas que provengan del crimen organizado, corrupción, narcotráfico, lavado de activos, entre otros delitos.Precisamente, bienes relacionados al menos a siete casos emblemáticos están en peligro por la polémica norma que aprobaría el Legislativo.