El Pleno decidirá su futuro. La Comisión Permanente del Congreso, como estaba cantado, ejecutó el guion que muchos ya sospechaban: aprobó, por mayoría, el informe que acusa constitucionalmente a Francisco Sagasti y le impone, además, una sanción de diez años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. El informe se sustenta en que infringió los artículos 45, 139 y 172 de la Constitución, y que cometió el delito de abuso de autoridad, por haber ordenado el retiro de 16 generales y tres tenientes generales de la Policía Nacional sin el protocolo debido. El documento indica que no solo los apartó del mando, sino que también ignoró los recursos de reconsideración, y designó un nuevo comandante general sin respetar los procedimientos. La Permanente aprobó el pedido de acusarlo constitucionalmente con 18 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Cuando llegó el momento de decidir su inhabilitación, el castigo fue aún más implacable: 22 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones. El informe pasará ahora al Pleno, en donde en marzo se votará si Sagasti quedará definitivamente inhabilitado y fuera de cualquier carrera política.