Por Iván Slocovich Pardo, director de Correo.En los 45 días de lo que va del año, la extorsión galopante que carcome a la región La Libertad ha cometido 75 ataques con dinamita como una forma de amenaza a sus víctimas, mientras que desde el año pasado criminales ligados a la minería ilegal han afectado con explosivos el tendido de energía eléctrica que alimenta las operaciones de minera Poderosa, en la provincia de Pataz, y hace poco fue incendiado un bus de pasajeros que iba a la altura de Paiján, al norte de Trujillo. Si esto no es terrorismo que deba ser tratado como tal por las autoridades nacionales, locales, el Congreso, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, entonces de qué estamos hablando. Hace tiempo los autores de estos ataques han tenido que ser sometidos a un tratamiento mucho más drástico y sumario, pero acá todo se deja pasar, como sucedió con el atentado contra la sede de la Fiscalía en Trujillo. Mucho se habló, pero poco se hizo. No hay noche en que una bodega, una ferretería, una zapatería o cualquier negocio, grande o pequeño, sea objeto de un atentado dinamitero en La Libertad, allí donde el gobernador César Acuña cree que todo es una maravilla porque dice que no hay secuestros ni amenazas, allí donde el Ejército apoya a la Policía Nacional en virtud a un estado de emergencia que como vemos, no funciona, simplemente porque la extorsión se combate más con investigación policial y tecnología, que con fusiles de guerra y carros blindados.
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