"HAY OPORTUNIDAD PARA REVISAR LA LEY MAPE"

Julia Torreblanca asumió la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) con una serie de retos en cada uno de los sectores que agrupa el gremio. En esta entrevista aborda las necesidades del sector minero. ¿Cuál es el panorama del sector minero en el Perú?Es muy expectante. La minería es, sin duda, uno de los pilares de la inversión privada y va a continuar siéndolo. Para que te hagas una idea de la relevancia del sector, solo en el periodo de 2014 a 2023 la participación de las empresas mineras en la inversión privada llegó a 13%. En ese periodo, las mineras han representado el 10.8% del PBI nacional. Además, en cuanto a recaudación, en los últimos 10 años el sector minero ha contribuido con el 20.8% de dichos recursos. Sin duda esto es positivo, pero tenemos varios desafíos que necesitamos trabajar.¿Cuáles son esos desafíos que menciona?El primero y el más crítico es el de la minería informal e ilegal. Este es un problema que genera graves impactos económicos, ambientales y sociales, además, que afecta la seguridad nacional y ciudadana. Luego están los desafíos regulatorios, porque tenemos altos niveles de complejidad normativa, retrasos en la obtención de permisos, la falta de interconexión entre entidades públicas o las demoras en estas interacciones, y la existencia de barreras burocráticas. Para impulsar nuestra cartera de proyectos, necesitamos encontrar la fórmula mágica para corregir esta problemática.¿Cuál es su opinión sobre la nueva ley de formalización minera (MAPE)?Creemos que hay una oportunidad para revisar las propuestas que se están haciendo. A través de la SNMPE vamos a enviar nuestros comentarios.La nueva Ley MAPE debe considerar la complejidad de la minería ilegal y asumir el reto que dejará el Reinfo tras su vencimiento el 30 de junio. Esto implica que el Estado deberá fortalecer la supervisión, fiscalización, coordinación y ejecución de políticas de formalización minera de manera integral. Será fundamental implementar una fiscalización adecuada, y esta ley debería incorporar un régimen que garantice un acompañamiento físico y operativo continuo por parte de las autoridades nacionales, como OEFA, Osinergmin, Sunafil y Senace.Además, la inclusión del término "concesiones ociosas" en la propuesta debe ser revisada, ya que no representa la principal causa de la minería ilegal.