El 8 de diciembre de 2024, el cuerpo de una niña de 12 años fue encontrado en el asentamiento humano Los Lúcumos, en Villa María del Triunfo. Dos días después, la presidenta Dina Boluarte enfatizó que "era el momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores". Desde aquella fecha, el Gobierno impulsa una serie de sesiones descentralizadas en diversas regiones del Perú para debatir la viabilidad de aplicar la pena de muerte en el país. En estas reuniones, sin embargo, los representantes del Ejecutivo obvian detallar el proceso jurídico y el tiempo que conllevaría ejecutar su planteamiento. De más está mencionar que estas sesiones demandan tiempo de funcionarios -el que se podría destinar a labores más productivas- gasto público y un importante despliegue logístico para el debate de un tema que quizá no se llegue a concretar.De acuerdo con información revisada por Correo, desde diciembre del año pasado hasta la fecha el Gobierno de Dina Boluarte realizó nueve audiencias descentralizadas para debatir la viabilidad de la pena de muerte.