El Apra no está dispuesta a cargar sola el muerto que significa la controvertida sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la matanza en Castro castro. Ayer, a través de una de sus principales representantes, Mercedes Cabanillas, el partido oficialista insistió en culpar al gobierno de Alejandro Toledo de permitir que dicho tribunal de justicia responsabilice al Estado peruano del asesinato extrajudicial de 41 subversivos en el debelamiento del motín de mayo de 1992. La presidenta del Congreso sostuvo que el ex ministro de Justicia Alejandro Tudela, así como quien era entonces el agente del Estado ante la CIDH, Óscar Ayzanoa, tendrán que explicar al país por no haberlo defendido frente a la demanda entablada por los familiares de los senderistas.(Edición domingo).
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