Treinta y seis de los 130 actuales congresistas fueron denunciados por la Fiscalía de la Nación en un año, desde febrero del 2024 hasta la fecha. Esto por los presuntos delitos de concusión, colusión, negociación incompatible, peculado, tráfico de influencias y patrocinio ilegal durante el ejercicio de sus funciones.La lista la encabeza Rosío Torres (Alianza para el Progreso), quien fue blindada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado viernes, a pesar de los indicios que sugieren que recortó el sueldo de sus trabajadores.Hasta ahora, el Congreso solo se ha pronunciado por el caso de Torres, aunque para protegerla. Los de los otros 35 parlamentarios continúan sin resolverse, lo que impide a la fiscalía pasar a la etapa de investigación preparatoria.