La minería informal e ilegal aumenta su influencia en el sector público con la venia de congresistas irresponsables y del propio Poder Ejecutivo. En el Congreso los reciben alegremente y les ofrecen un sinfín de beneficios que, de concretarse, resultarían perjudiciales para la actividad minera formal que sí cumple la ley y para las finanzas del país. Una de esas reuniones fue con los asesores del congresista Segundo Quiroz, quien pertenece al Bloque Magisterial, la misma bancada que la del presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez. Los mineros informales e ilegales, agrupados en la Confemin, buscan que la nueva Ley MAPE les calce como anillo al dedo incluso en desmedro de concesiones formales que tributan y alimentan el PBI. En primer lugar, exigen que el fracasado Reinfo se vuelva permanente: una figura que no ha servido para formalizar a la gran mayoría de pequeños mineros y que ha permitido que muchos de ellos engrosen hoy en día las filas de la criminalidad. Otra desfachatez es que pretenden que, con nuestros impuestos, el Estado les pague el estudio de impacto ambiental. Por último, como si de extorsionadores se tratara, exigen que el Estado se ponga de su lado en caso de que el dueño de una concesión no quiera firmar un contrato con ellos. Estas movidas se llevan a cabo tras bambalinas, aprovechando que el Congreso se encuentra en receso y la atención ciudadana está en otra parte. La complicidad también viene del Ejecutivo. El nuevo titular de la Dirección General de Formalización Minera, Máximo Gallo, recibió a estos mineros informales en el auditorio del Minem, donde les ofreció de todo y les expuso el plan de formalización que pretende llevar a cabo. Incluso permitió que los informales graben su estrategia, sin ningún tipo de reserva. El funcionario, como si estuviera en un mitin político, les propuso revocar la concesión a mineros formales que no produzcan, ante los aplausos, claro, de los informales presentes.