Por Rafael Belaunde Llosa.Imaginémonos que, en 1938, cuando se descubre el primer pozo petrolero en Arabia Saudita, ese país hubiese renunciado a su explotación y decidido no aprovechar su riqueza petrolera. Imaginémonos que Catar, Kuwait y demás países petroleros del Golfo Pérsico hubiesen hecho lo mismo. ¿Cómo serían sus economías y sus niveles de pobreza? Noruega, Australia, Canadá, Sudáfrica, EE.UU. (países todos desarrollados con un sector industrial y agrícola avanzados) no han optado por renunciar a la riqueza que el aprovechamiento de sus recursos naturales produce, sino todo lo contrario.El Perú ha sido bendecido con una gigantesca riqueza, sobre todo minera, y son muy pocos los países en el mundo que la tienen (encima polimetálica). Por ello, pretender que, por cálculo político, prejuicios ideológicos o intereses económicos subalternos, dejemos de aprovecharla es un acto cruel, sobre todo con los que menos tienen y antipatriota con el Perú y su futuro.Debemos trabajar para poner todo nuestro potencial minero en valor, no deberíamos dejar enterrada onza de oro, libra de cobre o tonelada de zinc y, por el contrario, debemos saber utilizar la enorme renta que ello representaría. En ese sentido, un amplio acuerdo sobre la distribución y utilización de la renta minera es indispensable.Ya contamos con un régimen tributario progresivo con buena parte de los gravámenes en función de la utilidad operativa, de modo que, mientras más producen las mineras, más pagan. El gran problema es la distribución y utilización de esa renta. La primera mitad de la renta minera se la lleva la empresa minera, quien invirtió miles de millones de dólares en el desarrollo del proyecto; la otra mitad, sin arriesgar un sol, se la lleva el Estado peruano. De la parte que le toca al Estado, una mitad va al gobierno central y la segunda mitad, que se llama Canon Minero, se la reparten entre el gobierno regional y los gobiernos provinciales y distritales.