La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) busca jugar en pared con la impunidad y hacer que la famosa frase "otorongo no come otorongo" se mantenga más vigente que nunca en el Congreso. La prueba irrefutable es que el grupo de trabajo -que preside hace 156 días María Acuña (APP)- mantiene congeladas al menos 42 denuncias constitucionales por casos de "mochasueldos", "viajeros", "Los Niños" y otros por presunto enriquecimiento ilícito. Ninguna de estas denuncias formuladas contra congresistas por la Fiscalía de la Nación, en las gestiones de Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza ha tenido un informe final. Es decir, ninguna ha llegado a ser evaluada por el pleno. Solo un caso excepcional, fuera de estos 42, el de María Cordero Jon Tay, llegó y fue aprobado por el pleno. El gran obstáculo para la Fiscalía es que al no aprobarse la denuncia en el pleno, la investigación no puede avanzar de fase preliminar a preparatoria.