Como ya lo han hecho otros políticos procesados, es el expresidente Pedro Castillo quien ahora recurre a una de las leyes producidas por el actual Congreso y que fueron promulgadas por el gobierno de Dina Boluarte sin observaciones.Luis Walter Medrano, abogado de Castillo, solicitó al Poder Judicial que archive la investigación seguida al exmandatario por organización criminal. Para ello apeló a la Ley 32108, aprobada por el Parlamento y promulgada en agosto del 2024 por el Ejecutivo. Se trata de la polémica norma que modificó las normas contra el crimen organizado y limitó los delitos que se pueden atribuir a una red delictiva.La solicitud se hizo mediante un recurso de excepción de improcedencia de acción, el cual fue presentado el pasado 27 de enero al juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. El magistrado programó para el miércoles 12 de febrero una audiencia en la que evaluará el pedido.En este proceso, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción le atribuye a Castillo haber liderado una red criminal durante su gobierno, la cual se habría enquistado en el Estado y cometido actos de corrupción en entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Caso Puente Tarata), el Ministerio de Vivienda (Caso Anguía) y Petro-Perú (Caso Biodiésel).