UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO PRESENTA PROPUESTA PARA MEJORAR GASTO SOCIAL

Burocracia y grandes niveles de filtración (se estima que el 30% de beneficiarios de los programas sociales no deberían contar con ayuda), de desnutrición y de mortalidad infantil, entre otros males, son el magro resultado de la mayoría de los casi 80 programas sociales que se aplican en el Perú. A pesar de que en ellos se gasta unos US$1.200 millones anuales, casi siempre son dirigidos por oportunistas del gobierno de turno y no por expertos. ¿El actual gobierno está trabajando para revertir esta situación y hacer que el gasto social camine? En noviembre pasado, el primer ministro Jorge del Castillo señaló que se estudiaría la fusión de algunos programas y que en enero ya se tendría novedades al respecto. "Es toda una adecuación presupuestal. No se trata de decir: 'los junto'. Es todo un proceso", manifestó el presidente del Consejo de Ministros.Razón no le falta a Del Castillo. ¿Pero qué garantiza que el gasto de los programas mejorará bajo esta fusión, de la cual aún no se conoce nada? Pues, lamentablemente, nada. "Lo que se requiere es que estos programas sean administrados de manera independiente de los vaivenes políticos y que beneficien a quienes más los necesitan", afirma Enrique Vásquez, experto en temas sociales y profesor del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).¿Cómo lograrlo? Según Vásquez, una alternativa viable es crear lo que el CIUP ha bautizado como el Fondo de Inclusión Social (FIS), un organismo público autónomo similar al Banco Central de Reserva (BCR) o a los organismos reguladores bajo el cual se fusionen en una primera etapa 44 programas sociales de los campos de salud, educación, nutrición, bienestar familiar, infraestructura, empleo, recursos naturales e infraestructura vial, los cuales manejan en su conjunto unos US$803 millones. Bajo el esquema planteado, el gasto administrativo no sería mayor al 10% de los fondos disponibles. Este es un punto muy importante, ya que actualmente hay programas que destinan más del 40% de sus fondos a gastos administrativos. (Edición sábado).