El requerimiento acusatorio a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros más por colusión, lavado de activos, organización criminal y otros delitos estuvo listo hace más de dos años, en agosto del 2022. El juicio oral, sin embargo, todavía no ha empezado. Primero, el magistrado de la Corte Superior Nacional Jorge Chávez Tamariz se tomó hasta noviembre del año pasado para realizar el control judicial de la acusación y, luego, cuando ya había incluso un colegiado elegido para ir adelante con el proceso, las defensas de siete de los otros implicados en el caso han apelado el auto acusatorio. Un procedimiento cuya resolución, en opinión de los expertos consultados por El Comercio, tomaría, en el mejor de los escenarios, un mes y medio.¿Qué es lo que ha hecho posible esta dilación adicional? Pues la Ley 32130, promulgada por el Ejecutivo en octubre pasado, pero aprobada antes por el Congreso, en el contexto de sus empeños por ‘reformar’ el sistema de justicia.