HUÉRFANOS

Por Leonie Roca, presidenta de AFIN.Empecemos por explicar qué es una asociación público-privada (APP) y cómo funcionan los procesos para que vean la luz. El Estado toma un proyecto (ya sea porque un privado se lo presenta como iniciativa o porque alguien dentro del propio Estado decide promoverlo), analiza sus alcances, riesgos, la necesidad de inversión, los estándares de mantenimiento y operación, entre otros. Con esta información, se pasa a una etapa de estructuración, donde se evalúan los números: cuánto financiamiento y cuánto capital se requieren, cómo se recuperarán estas inversiones, cuáles serán las tarifas a cobrar a los usuarios, qué fianzas deben establecerse, etc.Una vez culminada la estructuración, comienza la promoción del proyecto, que finalmente se licita. Se presentan postores (aunque no todos los que compran las bases se animan a participar) y se adjudica. En resumen, el concesionario, que es quien gana la licitación, recibe un mandato muy claro del Estado sobre el alcance de lo que debe hacer, cómo recuperar sus inversiones y gastos operativos, los riesgos que asumirá cada parte y cómo se supervisará el contrato.Sin embargo, una vez nacida la concesión, queda huérfana. La contraparte estatal puede demorar años en aprobar las ingenierías, hacer observaciones por todo, objetar en las instancias de evaluación ambiental aspectos del proyecto que el mismo Estado ha contemplado, no defender los ajustes tarifarios previstos, no expropiar a tiempo, entre otros problemas.