A partir de la publicación de Perú21 del día de ayer sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), figuras políticas claves han manifestado su preocupación sobre el uso de recursos públicos para implementar sistemas de monitoreo de redes sociales, como Cyabra y Voyager. Estos sistemas habrían sido inicialmente justificados como herramientas para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, pero ahora existen indicios de que han sido utilizados para neutralizar a opositores políticos y críticos del Gobierno. El exministro Óscar Valdés calificó de "censurable e ilegal" cualquier uso de la DINI con fines políticos y advirtió que, de comprobarse, este uso indebido de los fondos podría asemejarse a prácticas del pasado autoritario, lo que pondría en riesgo la independencia de las instituciones de inteligencia del país.