La figura de la detención preliminar para casos de no flagrancia lleva 53 días sin poder aplicarse pues fue el 11 de diciembre que el Gobierno de Dina Boluarte aprobó un paquete de leyes que dejaba al margen de la ley esta figura.Luego de esa fecha, y ante las críticas de los medios de comunicación y la opinión pública, el Congreso restituye la norma el 14 de diciembre del 2024 pero esta luego fue observada por la presidenta Dina Boluarte el 13 de enero.El actual estancamiento legislativo no solo impacta en el trabajo de los fiscales y operadores de la justicia perseguidores del delito, sino también afecta, de manera más grave, a la ciudadanía por la creciente ola de inseguridad, impulsada por mafias y bandas criminales de prácticas extorsivas.(Edición domingo).