Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, ha tenido el valor de reconocer públicamente que el Parlamento tiene una sobrepoblación de burócratas, que se ha venido incrementando año a año hasta llegar a una exorbitante cifra de casi cuatro mil empleados cuya remuneración corre a cuenta del erario. Es decir, el dinero de todos los peruanos.Con semejante antecedente, es casi de terror imaginar cómo se multiplicará esa planilla cuando entre en vigor la bicameralidad.Juárez indica que hay un "incremento inusitado y exagerado del personal" y que la institución "podría perfectamente funcionar con el 50% del personal que tiene actualmente". Hasta ahora había, entre las bancadas, un silencio cómplice respecto a la forma descontrolada en que se estaba contratando asesores, asistentes, portapliegos y similares en el hemiciclo y oficinas anexas.Puesto el dedo en la llaga, la representación nacional debe abordar el tema y aprobar una reforma administrativa urgente, como ha planteado la legisladora. La cifra es grotescamente abultada para los tiempos, no precisamente de vacas gordas, que se viven en el Estado.Es decir, no solo los propios parlamentarios se benefician con normas -aprobadas por ellos mismos- que les permiten concederse aguinaldos, viáticos o bonificaciones en su momento cuestionadas, sino que además premian los servicios de quienes trabajan con ellos a través de contrataciones desmedidas, gollerías y estipendios de dudoso rigor administrativo.(Edición sábado).